Entender las Autonomías. Lo que nos cuestan.

Entender las Autonomías…. Lo que nos cuestan.

Diecisiete Gobiernos autonómicos: Cada Consejería tiene un costo Político Administrativo equivalente a un Ministerio. Lo que es igual a mantener unos 200 Ministerios en España, a efectos de Ministros, Subsecretarios, Directores Generales, Subdirectores Generales, asesores, toda la burocracia que los acompaña, coches oficiales, etc.

 Diecisiete Presidentes de Gobierno, muchos de ellos con beneficios vitalicios e indemnización millonaria al cesar, hay que añadir otros tantos Vicepresidentes. Y como no, una cantidad enorme de empresas creadas por las Autonomías con nuestros impuestos, donde se coloca al clientelismo. 

 Se comprueba que es un sistema político carísimo, con subidas del IVA y que ha de funcionar a costa de reducir gastos en la sanidad, la enseñanza, las obras públicas, exigir más años de cotización a las pensiones y edad de jubilación. La Seguridad Social se queda con las cotizaciones de los españoles que por las circunstancias que fueren no llegaron a aportar el tiempo mínimo exigido, cuando deberían cobrar una pensión proporcional a lo que contribuyeron, una estafa. Hace 50 años se obtenía una pequeña pensión con seis meses de cotización.

A lo anterior hay que añadir 17 Parlamentos autonómicos que legislan sobre las mismas materias, pero haciendo pequeñas diferencias para que se rompa la unidad de mercado, se pierda la unidad legislativa y seamos menos competitivos. Si una ley es buena lo es para cualquier ciudadano con independencia del territorio donde viva. Los privilegios es el principal fundamento del sistema autonómico, que por si mismos son discriminatorios y conducen a que no seamos iguales ante la ley. Ver justificación razonada en este blog. No más ciudadanos de primera y de inferior categoría.

El sistema no puede ser peor para la mayoría de los ciudadanos, es incomprensible como se puede mantener, y no permitir a los ciudadanos decidir si lo quieren o no en su territorio, teniendo en cuenta el beneficio que tendrían con la supresión de ese gasto.

Ampliando escrito

Otra discriminación que comprobamos, es que se impide la enseñanza en el idioma nacional, en parte del territorio, se concede alta puntuación como mérito a los idiomas regionales y ninguna al nacional, y a igualdad de trabajo hay Administraciones como la de Justicia en Cataluña donde se cobra menos si utilizas el idioma castellano.  

La cuestión del Senado.

El Senado sobra, porque además de su coste, no sirve para nada, lo demuestra que lo más que consigue es retrasar la aprobación de una ley y el hecho de que las Autonomías privilegiadas, legislan sobre la misma materia con un solo Parlamento y el resto de España utiliza dos, no deja de ser un absurdo de nuestro sistema político.  

Sobre el Tribunal Constitucional.

    Un privilegio para cambiar, es la forma de elección de los doce miembros del Tribunal Constitucional, nombrado dos por el Gobierno, dos por El Poder Judicial y ocho por las Cortes, es otra de las incongruencias de nuestra Constitución con las leyes que impiden que ningún jurado pueda juzgar los actos de quien le ha designado.

El sistema de elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional lo vemos aberrante, si lo equiparamos a los pleitos entre los ciudadanos. El demandante y el demandado nombrarían a los miembros del Tribunal que ha de juzgar sus diferencias, pero además, al que ocupa la posición más fuerte, la ley le concedería poder nombrar hasta dos jueces más que el otro. Evidentemente no se le debería llamar Tribunal de Justicia.

 En nuestro caso Constitucional, es el Gobierno el que nombra directamente a dos. Este punto de vista del nombramiento del alto Tribunal nos altera la idea de Justicia y es imprescindible que en la regeneración que planteamos, se debiera aplicar a nuestro sistema político que los jueces no puedan ser propuestos por los partidos políticos a los que tengan que juzgar sus actos.

El nombramiento tendría que depender del mérito. La dificultad está en su valoración y estar desvinculado de la política. Otra fórmula sería por sorteo entre los Magistrados del Tribunal Supremo. Si se quiere una pluralidad de origen de los especialistas, con 15 años de antigüedad, seis procederían del Tribunal Supremo, dos Académicos de la R. A. de Jurisprudencia, dos Catedráticos de Facultades de Derecho y otros dos de los Colegios de Abogados o mejor sustituir estos últimos, por dos Académicos de la R. A. de la Lengua Española que defiendan el significado del texto constitucional, tal como se entendía por los ciudadanos que lo votaron.  Es importante desvincular los nombramientos de los grupos de presión.